DR. SALLE NO DESCARTA PRESENTAR DEMANDA PARA INCAUTAR VACUNAS para hacer PERICIA

PRESENTARSE ANTE LA JUSTICIA PARA QUE SE INCAUTEN VACUNAS PARA SOMETER A PERICIA

A raíz de la Plandemia el gobierno de Luis Lacalle Pou, ha vulnerado sistemáticamente la Constitución de la República y las leyes. También ha vulnerado principios universales de Derecho precautorio y ha sometido al pueblo uruguayo a una situación de alto riesgo sanitario, en medio de un clima de secretismo, confidencialidad y clandestinidad, que obviamente, la Constitución de la República no lo permite.

Al pueblo uruguayo, primero, se lo somete a una insoportable manipulación propagandística para obtener un nivel de vacunación alto. Tal vez este nivel vacunacional le sea impuesto al Presidente de la República por las agencias calificadoras de riesgo. Ustedes se preguntarán: ¿cómo en un tema aparentemente sanitario, nosotros en nuestro discurso hacemos aparecer a las agencias calificadoras de riesgo? Lo vamos explicar porque es muy sencillo.

Todo es por poder y control.

Las corporaciones farmacéuticas a nivel planetario, son propiedad fundamentalmente de cuatro o cinco fondos de inversión de los más importantes del planeta y al mismo tiempo esas agencias calificadoras de riesgo, son propiedad de los fondos de inversión propietarios de las corporaciones farmacéuticas. Un verdadero oligopolio, en lo que refiere al aspecto financiero y farmacéutico.

Que la Plandemia fue urdida en el seno de la institución emblemática del poder oligárquico internacional, como es el Foro de Davos, no es secreto. Basta googlear “Evento 2001” y ahí vamos a ver la reunión de Bill Gates y la universidad Hopkins y otras fundaciones, sumadas a las farmacéuticas, at urdiendo el simulacro de la Plandemia COVID-19, la que a los 58 días se plasmó en realidad.
Esa realidad, que también tiene su origen secreto y confidencial en un laboratorio de Wuhan, se trasladando rápidamente al mundo, con excepción de un país, Taiwán, que apenas a 130 kilómetros de distancia del epicentro de la Plandemia, no afecta a ese país. Luego veremos por qué no afecta a Taiwán.
Lo cierto es que llega nuestro país y se decreta la emergencia sanitaria a través del decreto 93/2020 del 13 de marzo y allí comienza una sistemática e ininterrumpida violación de la Constitución y los derechos de los ciudadanos. Se desarrolla ese proceso vacunacional, basado en una propaganda Goebbeliana, forzando a la gente a inocularse sustancia experimental no aprobada, con una autorización de la FDA con una autorización de carácter militar de Preparación de Pandemia y Bioterrorismo.

Surge una cosa muy curiosa. A partir de la inoculación de las mal llamadas vacunas, se dispara el número de fallecidos. Se dispara en forma verdaderamente asombrosa y allí viene el meollo de esta columna… Adviertan los siguientes elementos que se dan en forma concomitante: el Presidente de la epública firma varios contratos con las distintas farmacéuticas, pero todo clandestino, confidencial y secreto. Dentro de ese secretismo, se encuentra nada más ni nada menos, que la composición de las sustancias con las que se está inoculado al pueblo uruguayo y yo quiero ser bien claro: del secretismo que rodea a la composición de la sustancia, sumado al número de muertos que comienza a verse con la inoculación, tenemos una situación claramente indiciaria de criminalidad.

¿Qué quiere decir esto?

Que los elementos objetivos de prueba, si bien no conducen directamente a descubrir un comportamiento criminal, sí permiten indirectamente, que se genere la sospecha y duda razonable, respecto de un comportamiento antijurídico de tal forma, que nosotros entendemos que cualquier fiscal penal actuando conjuntamente con un juez, el cual requiera de oficio la medida judicial de incautación de ampollas de las distintas sustancias que se están inoculando, para realizar una pericia respecto a la composición de esas vacunas o sustancias químicas, mal llamadas vacunas, debería haber sido el comportamiento observado por cualquier juez y magistrado del Poder Judicial, para investigar la posible comisión de un delito y al mismo tiempo, cautelar y prevenir efectos nocivos sobre la salud de la población.

¿Por qué no ha sucedido ello? Porque la Fiscalía General, que es la que tiene el monopolio de la acción penal, que es la única institución que puede llevar adelante la iniciativa de investigar la composición de la las vacunas, depende del Presidente de la República, porque es un servicio descentralizado y obviamente, no vamos a esperar de quien violó la Constitución y la ley y se avino a una contratación clandestina, secreta y confidencial, borre con el codo, lo que escribió con la mano.
Estas son las consecuencias del golpe de estado técnico. Estas son las consecuencias de la disolución del poder investigativo de los jueces y el establecimiento de una inconstitucional absorción de la función jurisdiccional, por parte de un servicio descentralizado que depende del Presidente de la República. Por eso es que se ha permitido todo este comportamiento de avasallamiento y vulneración de los Derechos Humanos.

Este accionar podría no ser de oficio y emerger de cualquier ciudadano, pero ustedes comprenderán que esa iniciativa, que no descartamos ponerla en práctica a la brevedad, se encuentra con la dificultad de la eliminación de la tripartición de poderes en el país, la eliminación del sistema republicano, eliminación del sistema democrático y la imposición de un régimen dictatorial. Pues sólo de esa manera, pudo llevarse adelante esta campaña de experimentación génica sobre la población, sin ningún tipo de consecuencias en el orden jurídico.
En definitiva, no descartamos a la brevedad incoar una acción tendiente a solicitarle a la Fiscalía y al Poder Judicial, que incaute ampollas de todas las mal llamadas vacunas y las someta a una pericia, para descubrir la composición de las mismas.

FUENTE :   Cronicas del Este-